Abogada con ejercicio profesional en Manta, especializada en procesos de liquidación societaria, defensa patrimonial frente a acreedores y gestión técnica de obligaciones de compañías en estado de insolvencia o inactividad prolongada en la provincia de Manabí.
Su práctica profesional se ha desarrollado en el ámbito del derecho societario y mercantil, con intervención directa en procesos de disolución y liquidación voluntaria ante la Intendencia de Compañías de Manabí, gestión de pasivos acumulados frente al Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y representación técnica de socios y administradores en escenarios de derivación de responsabilidad y levantamiento del velo societario ante la Judicial Civil de Manta.
Su conocimiento del entorno empresarial de Manabí — una provincia con alta concentración de compañías vinculadas a la actividad portuaria, la exportación de productos del mar, el comercio mayorista y la construcción — le permite identificar con precisión los patrones de riesgo más frecuentes en la región: empresas del sector pesquero y exportador con pasivos tributarios no gestionados, compañías de servicios portuarios con títulos ejecutivos mercantiles pendientes y sociedades familiares inactivas cuyos representantes mantienen una exposición patrimonial que desconocen en su real dimensión.
La dinámica comercial del puerto de Manta genera un ecosistema societario particular: compañías constituidas para operaciones específicas de importación o exportación que, una vez concluida su actividad, permanecen activas en el Registro Mercantil de Manta sin que sus socios adviertan que esa permanencia formal conserva intactas todas sus obligaciones frente al SRI, el IESS y los acreedores privados. Ese escenario —frecuente y subestimado— es precisamente el que activa los mecanismos de derivación de responsabilidad sobre el patrimonio personal de quienes las administran
Su enfoque profesional prioriza el análisis temprano del riesgo patrimonial: determinar, antes de que un acreedor o la autoridad tributaria lo haga, cuál es el nivel de exposición real de los socios, qué obligaciones pueden estructurarse dentro del proceso de liquidación y qué acciones permiten que la extinción de la compañía produzca efectos jurídicos completos — cancelación ante el SRI, baja en el Registro Mercantil de Manta y cierre definitivo de toda responsabilidad derivada de la actividad societaria.